La reciente suspensión de la aplicación de la ley que establece la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires ha generado un conflicto jurídico significativo. La jueza Marta Pascual tomó la decisión de suspender la normativa por un período de 60 días, lo que desencadenó la presentación de una denuncia en su contra por parte de la asociación civil Usina de Justicia.
La denuncia, que invoca los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad, argumenta que la resolución de Pascual es arbitraria y contraria a derecho. Según el documento, la jueza no ha fundamentado su decisión en hechos concretos, sino que se basa en un análisis hipotético que ignora la realidad legislativa vigente.
En respuesta a la suspensión, los fiscales de diferentes departamentos judiciales de Buenos Aires han manifestado su intención de aplicar la ley penal juvenil, desafiando así la resolución de la jueza. El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, afirmó que no ha recibido notificación oficial sobre la suspensión, por lo que la ley sigue en vigor en su jurisdicción.
Pascual, quien encabeza el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ha señalado que su decisión busca proteger tanto a los adolescentes en conflicto con la ley como a la comunidad. La jueza programó una audiencia para el 16 de septiembre, donde espera que los responsables de las áreas del Poder Ejecutivo provincial informen sobre las medidas adoptadas para implementar la ley.
El abogado Fernando Soto, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Nacional, se ha ofrecido como amicus curiae en el caso y ha criticado la decisión de Pascual, afirmando que la nueva ley de menores no incrementará la cantidad de detenidos, contrariamente a lo que se argumenta en el habeas corpus presentado.
Las voces en contra de la suspensión también provienen de fiscales del Fuero Penal Juvenil, quienes han manifestado que no acatarán la resolución de Pascual, subrayando que una jueza no puede dejar sin efecto una norma vigente. Este conflicto legal continúa generando tensiones en el sistema judicial de la provincia.
Fuente: La Nación
