La reciente decisión de la administración de Claudio Vidal ha generado un nuevo conflicto en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La Caja de Previsión Social ha otorgado la jubilación a tres vocales, lo que podría modificar la estructura de la Corte en medio de tensiones políticas.
Las magistradas René Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, quienes habían comenzado sus trámites previsionales, ahora se encuentran en el centro de la polémica debido al Decreto 608/2024, que establece plazos específicos para el cese de funciones tras la jubilación. Según esta norma, el organismo empleador debe notificar a la Caja sobre el cese del agente dentro de un plazo de 30 días.
La situación se complica, ya que el Poder Judicial debe completar un circuito administrativo antes de que los retiros sean efectivos, y aún conserva la opción de solicitar una prórroga. Si se concretan las jubilaciones, el Tribunal pasaría de contar con nueve a seis integrantes, creando vacantes que deberán ser ocupadas por nuevos nombramientos del Ejecutivo.
Este acontecimiento no es menor, ya que las tres juezas jubiladas formaban parte de la composición anterior del tribunal y habían expresado su desacuerdo con la reciente reforma que amplió el número de vocales de cinco a nueve. Este cambio fue introducido por la Ley 3949, con los nuevos miembros propuestos directamente por el gobernador.
En medio de este contexto, una comisión legislativa había rechazado previamente un pedido de juicio político contra las juezas, lo que añade más complejidad a la situación. La decisión de conceder jubilaciones abre una nueva vía para modificar la composición del tribunal, ahora bajo los plazos establecidos por el decreto de Vidal.
El abogado de las magistradas ha calificado el proceso como una jubilación compulsiva y ha indicado que podría recurrir a la Justicia para impugnar la medida. Además, ha cuestionado la legalidad del decreto que, según su opinión, reduce los derechos previstos por la ley previsional y afecta la inamovilidad judicial.
Por otro lado, un representante de los trabajadores en la Caja expresó su oposición a las jubilaciones y advirtió sobre posibles acciones legales. Sectores de la oposición han sugerido que el gobernador busca consolidar una mayoría propia en el tribunal, aunque estas afirmaciones no han sido probadas y son rechazadas por la administración, que argumenta que su objetivo es reformar una estructura judicial heredada.
El Decreto 608 no menciona a jueces específicos, aplicándose a todos los agentes públicos bajo el régimen previsional provincial. Sin embargo, su impacto es evidente en el caso de las tres vocales, que han recibido el beneficio mientras aún ocupan sus cargos. Los plazos establecidos en el decreto continúan vigentes, lo que mantiene la incertidumbre sobre la futura composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
Fuente: NA
