Un profundo cortocircuito se ha generado entre la Casa Rosada y el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, tras la presentación del proyecto de presupuesto 2027, que elimina artículos fundamentales de la ley de emergencia en discapacidad. La noticia ha causado conmoción entre los legisladores, quienes expresaron su descontento durante la comisión informativa llevada a cabo este mediodía.
Los legisladores oficialistas mostraron su asombro al conocer las modificaciones, especialmente la quita de la actualización del nomenclador, un punto crítico en las negociaciones previas con los aliados. Desde el Pro, algunos miembros señalaron que esta medida es “lo contrario de lo que veníamos hablando”, luego de haber mantenido reuniones con representantes de LLA para buscar claridad sobre el cambio de estrategia del Poder Ejecutivo.
La diputada Laura Rodríguez Machado, encargada de la comunicación con los aliados, se mostró sorprendida por la maniobra del gobierno. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, afirmaron los representantes de LLA, evidenciando así la fractura en la relación con la Casa Rosada. La situación se torna más compleja al considerar que, hasta el último momento, LLA esperaba que el Ministerio de Economía ofreciera concesiones en el presupuesto.
En la comisión, la exmacrista Silvana Giudici intentó calmar las tensiones al enfatizar la importancia de alcanzar un dictamen el próximo 23 y mencionó la necesidad de un debate informado sobre las mejores condiciones del presupuesto. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cómo el oficialismo planea avanzar con un proyecto de ley que sea “superador”.
Desde la Casa Rosada, se adoptó una postura distante respecto a la controversia. Según fuentes oficiales, “tienen todo el derecho a discutirlo en Comisión” y se limitó a afirmar que “el gobierno hizo su parte” al enviar el presupuesto, dejando ahora la responsabilidad de la defensa y negociación en manos de la bancada oficialista.
Las modificaciones del presupuesto incluyen la eliminación del artículo 7 bis de la ley de emergencia, que garantizaba la actualización mensual de los pagos a los prestadores de servicios en base al índice de IPC. Además, el nuevo proyecto establece que el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, permitiendo que cada obra social o prepaga fije sus propios precios en función de un mínimo establecido.
Estas alteraciones podrían acarrear un alto costo político para el gobierno. “Cambia completamente la discusión”, señalaron fuentes cercanas a la bancada de Cristian Ritondo. Asimismo, se propone un regreso al esquema de pensión por invalidez, que afectaría a quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y estén empleados, ya que no recibirían compensaciones. También se derogan varios artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
La situación se mantiene en desarrollo y es objeto de análisis tanto en el Congreso como en la opinión pública.
Fuente: La Nación
