Guillermo Michel, diputado de Unión por la Patria (UxP) y aliado de Sergio Massa, ha solicitado formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) la realización de una auditoría integral sobre el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta solicitud llega en un momento crítico, a pocas semanas de la fecha límite para la firma del contrato que establecerá el traspaso de la empresa a manos privadas.
Como exdirector general de la Aduana, Michel es miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, lo que le permite solicitar investigaciones sobre este tipo de procesos. En su presentación, el legislador expresó: «Solicito a la AGN que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA».
Michel ya había manifestado su preocupación sobre la privatización en declaraciones anteriores. «¿Le van a mandar una carta al fondo de inversión de Holanda? ¿Quién le va a contestar? ¿La Reina Máxima? Están avanzando sobre cuestiones básicas de las personas», comentó en una reciente entrevista radial, refiriéndose a las implicaciones que podría tener la privatización en el acceso al agua de los ciudadanos.
El Gobierno adjudicó la licitación para privatizar AySA por un monto de US$340,2 millones a un consorcio que incluye a Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Esta operación implica la venta del 90% de las acciones de la compañía, que actualmente presta servicios de agua potable a 14 millones de personas.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó la segunda etapa de la licitación pública. La firma del contrato está programada para el próximo 13 de noviembre, cuando se espera que se cumplan las condiciones necesarias para concretar la operación.
La privatización de AySA se realiza en el marco de la Ley Bases que consideró a la empresa sujeta a privatización, y el decreto 494/2025 que autorizó la venta de la participación estatal. Esta fase actual contempla la transferencia del 90% del paquete accionario al nuevo operador, mientras que el 10% restante se mantendrá en manos de los trabajadores.
Además del precio de la concesión, el consorcio ganador deberá invertir US$1940 millones en los primeros cinco años y un total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión, que se extenderá hasta 2056, con la posibilidad de una prórroga de 10 años. Durante la primera década, se prevé aumentar la cobertura de agua del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%.
Fuente: La Nación
