El Gobierno nacional ha calificado el reciente paro universitario como «muy político», señalando que los gremios están actuando en complicidad con la oposición. Esta evaluación proviene de una fuente cercana al oficialismo, que argumenta que la huelga carece de fundamentos sólidos.
Según las declaraciones, el Gobierno sostiene que ha cumplido con sus obligaciones, incluyendo el pago de transferencias a hospitales universitarios y la implementación de un acta paritaria firmada el 10 de junio. Este acuerdo establece un cuarto intermedio que concluirá a principios de septiembre, momento en el cual se reanudarán las negociaciones para revisar los salarios.
Desde la gestión de Javier Milei, se ha recordado que se han otorgado aumentos salariales que superan la tasa de inflación. «Los aumentos salariales acordados se están abonando conforme a lo estipulado en los plazos y montos pactados», destacaron desde el área de Capital Humano.
El Gobierno también ha señalado que los sindicatos, actuando sin el respaldo de los rectores, decidieron llevar a cabo la protesta en sincronía con el kirchnerismo. Según su versión, el paro no tuvo un impacto significativo en las clases, exceptuando la Ciudad de Buenos Aires, donde la Universidad de Buenos Aires sí se vio afectada.
En relación a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno afirma que confía en que la Justicia fallará a su favor, evitando así la aplicación de una normativa que podría comprometer el equilibrio fiscal. A pesar de esto, se menciona que hay fondos reservados en el ministerio de Capital Humano para atender la cautelar promovida por la UBA, que busca garantizar aumentos salariales y la reactivación de programas de becas.
El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ha convocado a una audiencia para el 21 de agosto con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque las expectativas de un entendimiento son bajas.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha manifestado que la cautelar debe ser confirmada y que el Poder Ejecutivo debe respetar el texto aprobado por el Parlamento, aunque participará de la audiencia programada por el juez.
Fuente: NA
