El Gobierno ha decidido eliminar el pago adicional del 30% al uso de gas natural comprimido (GNC) en los colectivos, lo que ha desencadenado una creciente controversia entre las empresas del sector. Esta medida afecta a un promedio de $12 millones de subsidio por colectivo al mes, lo que equivale a alrededor de $208.000 millones mensuales para las 16.700 unidades del sistema.
La resolución 83 de la Secretaría de Transporte, publicada recientemente, ha eliminado el premio extra para los colectivos que operan con GNC. A pesar de que este incentivo representaba unos $3,6 millones adicionales por mes para cada unidad, su eliminación ha generado tensiones, ya que el total de subsidios es un monto fijo. Esto implica que si una unidad a gas recibe más, las que funcionan con gasóleo recibirán menos.
La nueva normativa afecta a un total de 6.855 colectivos, de los cuales solo 33 operan con GNC y 3 son eléctricos. Por lo tanto, la disputa no se centra en los vehículos actualmente en circulación, sino en las futuras compras de unidades a gas. Esta situación ha llevado a que las empresas que ya tenían planes de adquirir nuevos colectivos a gas detengan sus compras.
En el área metropolitana, donde coexisten tres jurisdicciones (Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires), el conflicto se intensificó tras la implementación de un esquema similar en la administración porteña. El Grupo Metropol fue pionero en la compra de 150 colectivos GNC, lo que generó tensiones con otras empresas que consideran que este sistema podía llevar a un empobrecimiento de las compañías que no pertenecen a los grandes grupos del sector.
La nueva medida no solo altera la distribución de subsidios, sino que también introduce un Índice de Operatividad que determina cuánto recibe cada línea, lo que deja en manos de la Secretaría de Transporte establecer tarifas diferentes para cada línea sin necesidad de pasar por el Boletín Oficial. Esto ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia en el cálculo de subsidios y costos.
A nivel nacional, las líneas de colectivos aún dependen en gran medida de los subsidios, y su situación es más crítica que en la Ciudad de Buenos Aires. La nueva resolución también permite realizar descuentos por recorridos sin pasajeros y establece un límite en los cobros, lo que podría impactar a las líneas con flotas limpias.
Finalmente, el conflicto también se ve agravado por investigaciones judiciales que indagan sobre posibles irregularidades en la gestión de subsidios, lo que complica aún más el panorama en el sector del transporte público.
Fuente: La Nación
