La Legislatura porteña fue el escenario del cierre del Seminario Internacional Interuniversitario sobre Violencia Policial, un evento que reunió a destacados especialistas y organismos de derechos humanos para analizar políticas de seguridad y mecanismos de control.
El evento se llevó a cabo el 22 de octubre y contó con la participación del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y del legislador Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) desempeñó un rol fundamental en la organización del seminario, junto a la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de Paraná de Brasil, y la Universidad de O’Higgins de Chile. Las primeras jornadas se desarrollaron en el Salón Vélez Sarsfield de la UBA, abordando temas como el sistema penal, las condiciones de encierro y el uso de la fuerza desde una perspectiva regional.
Durante el cierre, La Blunda alertó sobre la conexión entre la violencia institucional, el deterioro de las condiciones de vida y la criminalización de la protesta social. «Cuando se deterioran salarios y jubilaciones, y se restringen derechos, crecen los reclamos. Si la respuesta es la represión, la fuerza policial se convierte en una herramienta para sostener un modelo regresivo», afirmó el legislador.
En su intervención, Slokar cuestionó los indicadores empleados para evaluar las políticas de seguridad, alertando sobre el aumento de muertes relacionadas con las intervenciones policiales. «Desde 2022, la tasa de homicidios se redujo en un 14%, pero nadie menciona el incremento del 57% en los casos vinculados a intervenciones policiales ni el 32% de muertes bajo custodia policial», destacó.
La Blunda también mencionó los 2.670 hechos de violencia institucional registrados en 2025 por el Ministerio Público de la Defensa, donde el 75% involucró violencia física. Resaltó el esfuerzo legislativo para fortalecer la revisión judicial de las detenciones y las garantías constitucionales.
El cierre del seminario promovió un espacio de diálogo entre el ámbito académico y organismos de derechos humanos, buscando fomentar el intercambio regional de experiencias y fortalecer herramientas institucionales para la prevención de la violencia policial.
Fuente: NA
