Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Canoga Park ha dejado a muchos comerciantes latinos con un sentimiento de inseguridad y miedo para regresar a sus puestos de trabajo. Este incidente, que ocurrió a primera hora de la mañana, resultó en la detención de varios vendedores ambulantes, lo que ha impactado significativamente a la comunidad local.
Bisley García, propietario de un food truck especializado en ceviches y mariscos, fue uno de los pocos vendedores que decidió abrir su negocio al día siguiente. En declaraciones a Univision, García manifestó que “muchos de nosotros tenemos miedo por venir a trabajar”, indicando que, a pesar de las recomendaciones de no salir, las obligaciones económicas no permiten permanecer inactivos.
Los testimonios de testigos del operativo revelaron escenas de caos, con trabajadores huyendo mientras los agentes realizaban las detenciones. Como resultado, muchos de los puestos de venta quedaron vacíos y desmantelados, lo que se traduce en una pérdida económica para los vendedores de la zona.
La situación se ha visto agravada por el contexto de las redadas, que también han afectado a familias cercanas a escuelas. Al menos tres padres fueron detenidos en las inmediaciones de una escuela primaria, lo que provocó que varias madres acudieran a retirar a sus hijos ante el temor de que pudieran ser afectados por las operaciones del ICE.
En respuesta a estas acciones, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado recientemente un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y busca brindar protecciones adicionales a los inmigrantes en el estado. Entre estas legislaciones se encuentra la ley SB 635, que protege los datos personales de los vendedores ambulantes en trámites de permisos locales, limitando el acceso de agencias federales de inmigración.
El fiscal general de California, Rob Bonta, también ha tomado medidas legales contra el ICE, denunciando un aumento alarmante en los arrestos migratorios, que se ha incrementado más del 550% desde un cambio de política en mayo de 2025. Este contexto legal y social resalta la creciente preocupación por los derechos de los inmigrantes en el estado.
Fuente: La Nación
